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Elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la Policía Federal que participaron en el cateo, pusieron a los imputados a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas.
Su situación jurídica se definirá en las próximas 48 horas; en tanto, la Subprocuraduría de Atención a Víctimas activó el protocolo de actuación para bridar apoyo psicológico, médico y jurídico a las afectadas.
Mientras decenas de hombres y mujeres se manifestaron frente las instalaciones de la PGJ para exigir su libertad, apoyados con cartulinas donde se leía: “agarren a los verdaderos delincuentes, no a los trabajadores” y “déjenos trabajar”, entre otros mensajes.
La Procuraduría capitalina explicó que derivado de la denuncia de una de las víctimas, el 14 de agosto inició una investigación en el lugar, donde se detectó que desde abril de 2016 se prostituía a mujeres y que los imputados obtenían el mayor beneficio económico.
De acuerdo con el modus operandi de los inculpados, las mujeres eran contratadas como bailarinas, pero valiéndose de su condición de vulnerabilidad eran obligadas a realizar “ficheos” entre los clientes, quienes pagaban por los servicios sexuales.
El control y manejo de esta actividad la realizaban los detenidos y de las ganancias obtenidas, a las víctimas únicamente les otorgaban la tercera parte, por lo que en audiencia el ministerio público presentó los elementos de prueba recabados.
Con ello, un juez de control concedió la orden de cateo el pasado 11 de septiembre, la cual fue ejecutada la madrugada de este jueves, rescatándose a 17 mujeres mexicanas y dos venezolanas.
Algunas mujeres que se encontraban en el lugar durante el cateo aseguraron que “nadie está a la fuerza y, sin ninguna orden, ingresaron hasta los camerinos, violando nuestros derechos, pues somos bailarinas”.
Mencionaron que, a las extranjeras, las amenazaron “diciéndoles que vendrá un operativo de migración, las manipularon y nos quieren meter presión, cuando nosotros solo queremos que se aplique la ley y no se violen nuestros derechos”.
