«Lo que llama la atención es la gran cantidad de pornografía infantil que tenían almacenada, algo que hace indicar que no era una cosa puntual. También el contenido de los archivos es bastante degradante y vejatorio hacia los menores, con vídeos escabrosos», ha subrayado en conversación telefónica Ángel Sánchez, inspector jefe del grupo de protección al menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.
Entre los 19 detenidos hay dos menores de edad en el momento de los hechos y cinco de los arrestados son estudiantes. La red fue detectada gracias a las labores de prevención «proactiva» de la Policía Nacional, según detallan los investigadores en un comunicado de prensa. Una serie de «redes anónimas» de grupos de WhatsApp les ayudó a localizar los chats, de los que formaban parte 58 usuarios y en los que encontraron una «enorme» cantidad de archivos compartidos.
Según los investigadores, los arrestados se ocultaban gracias a sofisticados programas de encriptación y software específico de eliminación de contenidos. «En un principio las personas adquirían pornografía infantil a través de plataformas de descargas de toda la vida. Pero han pasado de eso a algo más específico y mucho más anónimo, con aplicaciones como WhatsApp o Telegram, que utilizan un tipo de encriptado al que es muy difícil acceder», explica Sánchez. El inspector añade que este tipo de enlaces no pueden ser obtenidos fácilmente, al menos que se conozca a alguien metido en ellos o que se tenga un conocimiento más profundo de las «redes de navegación anónimas», también conocido como la deep web.
«Estos delincuentes están cada vez más preparados informáticamente hablando», sentencia para añadir que están adquiriendo unos conocimientos más específicos en cuanto al anonimato y la encriptación de la información. Por eso, explica, «es difícil identificar a los usuarios que distribuyen contenido de pornografía infantil en esas plataformas».
Los arrestos se han realizado de forma coordinada por los juzgados de 17 provincias: Alicante, Oviedo, Barcelona, Burgos, Córdoba, Granada, Palma de Mallorca, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Murcia, Santander, Tarragona, Teruel, Valencia y Valladolid. En los registros han sido intervenidos 11 ordenadores portátiles, 23 teléfonos móviles, cuatro tablets, 11 discos duros externos, siete pendrives y cinco tarjetas de memoria de gran capacidad.