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LAREDO, TX.- Miembros de la Coalición No Wall en Laredo presentaron una demanda contra el gobierno federal para tratar de frenar la construcción del muro en esta parte del sur de Texas y realizaron además una protesta pacífica desde vehículos en marcha alrededor de la Corte Federal.
La demanda fue presentada por oficiales del gobierno del condado de Zapata donde las autoridades se niegan a dar permiso para que elementos federales entren a sus terrenos para hacer preparativos para construir el muro.
En la demanda también participan dueños de propiedades aledañas al río Bravo donde las autoridades federales pretenden construir el muro afectándoles sus terrenos. La demanda se presentó en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas contra el Buró de Aduanas y Protección Fronteriza así como contra el Departamento de Seguridad Interna y contra el Presidente de Estados Unidos.
En apoyo a la demanda, los miembros de la Coalición No Border Wall de Laredo realizaron una protesta vehicular segura contra el COVID 19 pero muy llamativa, realizando recorridos alrededor de la Corte Federal.
Entre los que estuvieron en la protesta pacífica se incluyó al Regidor Mercurio Martínez III, quien está en contra del muro por considerar que es ofensivo para la comunidad y un desperdicio de los fondos públicos.
“No estoy en contra de tener una frontera más segura pero esta no es la manera, podemos instalar una pared virtual con más tecnología y equipo, con más personal, un muro no es la solución”, afirmó Martínez.
Tricia Cortez, activista ambiental, dijo que el muro les costará a los pagadores de impuestos 275 millones de dólares por las 14 millas de Laredo.
“Para la construcción se han violado más de 40 leyes federales y se ha creado una zona donde no hay derechos constitucionales en el sur de Texas, esto no es un accidente ya que se planeó en una comunidad donde más del 95 por ciento de la población es mexicoamericana”, indicó.
Resaltó que los derechos de los ciudadanos han sido ignorados no por el lugar donde viven sino por quiénes son…mexicanos.
“Estamos seguros que el racismo es el principal factor para que nuestra comunidad sea tratada de esta manera por las autoridades federales”, aseguró.
El muro propuesto en Laredo destruirá casas privadas, negocios pequeños y tierras públicas, es un muro de 30 pies de altura con 150 pies de distancia del rio.
Destacó que no hay una emergencia nacional en la frontera sur y el costo de esto es la violación de derechos constitucionales haciendo una solución más grande que el problema.
“El gobierno quiere que creamos que la pared es inevitable pero no es así, no es algo seguro y la vamos a detener”, dijo Melissa Cigarroa, una de las demandantes principales y afectada en sus propiedades.
