De acuerdo con el informe, el ataque realizado el jueves pasado no debe contemplarse bajo la ley de guerra que protege las mezquitas, ya que en ese momento tales edificicaciones no se utilizaban con fines religiosos, sino como un centro de comando y control insurgente del grupo terrorista Estado Islámico.
En la coalición admiten que durante el ataque fueron asesinados decenas de yihadistas. Mientras tanto, los medios estatales sirios y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos –con sede en el Reino Unido– aseguran que entre las víctimas de los ataques de la semana pasada había tanto terroristas como civiles. Así, según un corresponsal de la agencia estatal siria Sana, al menos 62 civiles murieron y decenas resultaron heridos en los bombardeos contra las aldeas de Al Sousa y Al Bubradan.
Por su parte, la coalición ha centrado sus declaraciones en la justificación del ataque a la mezquita, para asegurar que el monitoreo de la edificación le dio certeza «consciente» de que dentro de ella estaban solo combatientes del Estado Islámico. Así, ni reconoce ni refuta los informes de muertes de civiles por sus ataques aéreos. «Llevamos a cabo investigaciones sobre todas las acusaciones creíbles de víctimas civiles», afirma.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria, por su parte, envió este sábado a la ONU una carta en la que acusa a la coalición militar de haber violado la ley internacional con bombardeos que segaron la vida de ciudadanos pacíficos.